Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia y para mostrar anuncios (si los hay). Nuestro sitio web también puede incluir cookies de terceros como Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Al usar el sitio web, usted consiente el uso de cookies. Hemos actualizado nuestra Política de Privacidad. Por favor, haga clic en el botón para consultar nuestra Política de Privacidad.

Acusarán criminalmente a quienes intervengan en operativos migratorios en Puerto Rico

https://media.cnn.com/api/v1/images/stellar/prod/gettyimages-2195569491-20250127163521029.jpg?c=original

Las instituciones federales en Puerto Rico han lanzado una firme advertencia a la ciudadanía: cualquier individuo que entorpezca las operaciones de control migratorio realizadas por entidades federales podría enfrentarse a sanciones penales. Este anuncio se efectúa como respuesta a recientes episodios donde se han documentado intentos de interferir o intervenir en acciones oficiales relacionadas con el monitoreo costero y la captura de migrantes en situación irregular de tránsito.

El aviso busca dejar claro que, bajo las leyes federales, interferir con las funciones de los agentes encargados de hacer cumplir las normas migratorias no solo es una falta administrativa, sino un delito criminal con posibles consecuencias severas. Esto incluye obstaculizar el paso de vehículos oficiales, intervenir en arrestos, brindar apoyo logístico a embarcaciones ilegales o desobedecer órdenes directas emitidas durante un operativo.

De acuerdo con las autoridades, los incidentes que motivaron este pronunciamiento ocurrieron durante recientes intervenciones en la costa oeste de la isla, donde agentes de la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales identificaron movimientos irregulares asociados al transporte clandestino de migrantes procedentes de Haití y República Dominicana. En algunos de estos eventos se registraron situaciones de tensión con residentes locales, quienes, por diversas razones, intentaron aproximarse a las áreas intervenidas.

Representantes del Departamento de Seguridad Nacional han recalcado que toda persona que interfiera directa o indirectamente con un operativo puede enfrentar cargos que van desde la obstrucción de la justicia hasta la conspiración para facilitar el ingreso ilegal de extranjeros al país. Asimismo, se ha puesto especial énfasis en que la ley es aplicable tanto a ciudadanos estadounidenses como a residentes de Puerto Rico, sin distinción.

Puerto Rico, por su ubicación geográfica estratégica, se ha convertido en un punto de paso frecuente para rutas migratorias no autorizadas. Las autoridades han intensificado sus labores de vigilancia marítima y aérea, especialmente en la zona noroeste de la isla, donde se han detectado múltiples desembarcos en lo que va del año. En varias de estas operaciones se han incautado embarcaciones improvisadas, motores y documentación fraudulenta.

Simultáneamente, las fuerzas federales han intensificado la cooperación con agencias locales, como la Policía de Puerto Rico y la Guardia Costera, en un esfuerzo conjunto para detener el flujo irregular y asegurar la protección tanto de los migrantes como de las comunidades que los reciben. La estrategia contempla patrullas preventivas, operaciones sorpresa y la utilización de tecnología de monitoreo para detectar movimientos sospechosos antes de que lleguen a tierra.

Las instituciones han solicitado a la población evitar involucrarse o ayudar en acciones que promuevan la inmigración ilegal, y han pedido informar sobre cualquier actividad extraña en las áreas costeras. Para ello, se han dispuesto canales de comunicación seguros que permiten a los ciudadanos proporcionar información sin miedo a consecuencias negativas.

Asimismo, se recuerda que los migrantes irregulares que lleguen a Puerto Rico pueden enfrentar procesos de deportación inmediata, especialmente si no demuestran tener una solicitud de asilo válida o un temor creíble de persecución en sus países de origen. Las medidas responden al marco legal vigente y a una política federal de control migratorio que se ha venido endureciendo en los últimos años.

El mensaje definitivo de las autoridades es contundente: toda forma de obstaculizar el trabajo de las agencias de seguridad será abordada con absoluta seriedad. Independientemente del debate político o social sobre la migración, las regulaciones que gobiernan estas intervenciones están en plena vigencia y deben cumplirse sin excepción. El respeto por la legalidad y la cooperación de los ciudadanos son vistos como elementales para preservar el orden y la seguridad en las áreas más afectadas por el tráfico de personas en el Caribe.

Por Otilia Adame Luevano