La propuesta legislativa que busca salvaguardar el Parque de las Cavernas del Río Camuy continúa en el limbo, mientras la gobernadora mantiene en evaluación la medida aprobada por la Legislatura. El proyecto en cuestión fue aprobado por unanimidad tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, con el propósito de garantizar que la gestión, operación y conservación del emblemático parque natural permanezcan bajo la administración exclusiva del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
A pesar del consenso legislativo, la gobernadora no ha definido si firmará el proyecto que le fue enviado el pasado 25 de junio. En medio de interrogantes de distintos sectores, la mandataria aseguró que está estudiando la medida en conjunto con sus asesores y personal legal. Señaló que cualquier decisión deberá tomarse “de forma responsable”, tras un análisis de sus implicaciones tanto legales como administrativas.
El Parque de las Cavernas del Río Camuy, considerado una joya del patrimonio natural puertorriqueño, ha sido objeto de múltiples debates en los últimos años debido a propuestas de privatización o de traspaso parcial de su manejo a otras entidades. La nueva legislación busca evitar precisamente esas posibilidades, estableciendo por ley que cualquier operación relacionada con el parque debe estar en manos del DRNA, que es el organismo con peritaje en el manejo ambiental y la conservación de ecosistemas.
El texto legislativo responde a preocupaciones de organizaciones ambientales, comunidades cercanas y empleados públicos, que temen que un modelo de concesión a terceros pueda derivar en la degradación de este recurso natural o en la exclusión de sectores vulnerables del disfrute del mismo. Diversas voces han denunciado la posibilidad de que se prioricen los intereses comerciales por encima de la protección ecológica.
Por su parte, el DRNA ha mostrado apertura a una gestión compartida que permita alianzas con entidades sin fines de lucro o del sector privado, siempre y cuando estas estén sujetas a supervisión del Estado. Sin embargo, sectores legislativos y ciudadanos han exigido una garantía más firme para evitar que el parque se convierta en un proyecto de explotación turística sin control ambiental.
Durante su rueda de prensa habitual, la gobernadora no proporcionó información adicional sobre si apoya o se opone a lo propuesto en el proyecto. Su equipo insistió en que están analizando todos los elementos de la iniciativa y considerando su factibilidad desde el punto de vista económico y legal. Por ahora, la indecisión genera dudas sobre el destino del parque.
El Parque de las Cavernas del Río Camuy abarca tres municipios en la región norte de la isla y es hogar de uno de los sistemas de cuevas más extensos del hemisferio occidental. Durante muchos años, ha sido un punto de interés turístico crucial, además de servir como un lugar para la investigación científica y la preservación. El huracán María en 2017 causó graves destrozos en su infraestructura, y desde entonces, su reapertura ha sido gradual y ha enfrentado numerosos desafíos.
La reactivación completa del parque sigue pendiente, y algunos sectores consideran que la firma de esta ley ayudaría a canalizar recursos y establecer una política clara de protección. Sin embargo, también existen preocupaciones sobre si el DRNA cuenta actualmente con la capacidad operativa y financiera para asumir plenamente esta responsabilidad.
Mientras se aguarda la decisión de la gobernadora, el tema ha despertado un amplio interés en la opinión pública, especialmente en sectores ambientales, académicos y turísticos. La incertidumbre prolongada podría retrasar aún más los esfuerzos por revitalizar el parque y consolidar su rol en la promoción del ecoturismo y la educación ambiental.
El resultado de esta acción establecerá un ejemplo para otros recursos naturales de la nación, en una época en que se incrementan las discusiones sobre la administración de bienes públicos y el papel de entidades privadas en su progreso. La aprobación o rechazo de esta iniciativa legal afectará de forma prolongada el modelo de gobernanza ambiental que será utilizado en Puerto Rico en los años venideros.